El inicio del proceso de revocatoria a nivel nacional, ha traído consigo más pasión y amarillismo periodístico que debate razonado, también ocasión de ver cual precarias son las convicciones democráticas de algunos, por un lado están los que predican a favor de la revocatoria y oros en contra, incluyendo algunos congresistas de la república.
La extrema debilidad de los partidos políticos, lo mismo de las instituciones públicas, ha propiciado que los gobernantes de todos los niveles muchas veces usen el poder para beneficios particulares, lo que a generado en los lectores una profunda desconfianza en los políticos, en las instituciones y en la administración estatal con mayor incidencia en los gobiernos locales (municipalidades).
El pedido de revocatoria es un derecho ciudadano, basado en el principio de que la soberanía reside en el pueblo que otorga un mandato a los elegidos y que, por tanto, puede retirarlo. Sin embargo, lamentablemente se recurre a la fuerza para tratar de resolver las controversias. No nos olvidemos de los trágicos sucesos de Bagua, Ilave entre otros.
Las consultas anteriores indican que los comités de ciudadanos promotores de las revocatorias señalaron con más frecuencia los motivos para solicitar el cese de sus autoridades, como: las promesas incumplidas, la sospecha de robo de fondos del Estado, la critica a la mala inoperancia o mala administración en general, el nepotismo, la falta de rendición de cuentas, el maltrato a los dirigentes o la población en general.
Los motivos antes señalados y otros argumentos pueden basarse o no en hechos objetivos y comprobables, pero sirven de sustento a la voluntad revocatoria de un sector de la población. Que muchos de ellos solo sean pretextos que enmascaran la ambición por el poder, es un asunto que puede aclararse en el transcurso de la campaña, de manera que los electores puedan tomar una decisión bien informada. Aquí el papel de los medios de comunicación juega un papel fundamental.
